A pesar de contar con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como aliado en el gobierno, el gasto público en protección ambiental en México se mantiene en niveles modestos, evidenciando una aparente contradicción entre discursos y asignación de recursos, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El análisis revela que el cuidado del medio ambiente no figura entre las principales prioridades del gobierno de la 4T, donde la seguridad y los programas sociales acaparan la mayor parte del presupuesto.
En su comunicado de prensa 150/25, emitido al inicio de este mes de diciembre, sobre las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM) 2024, reporta un gasto total de 232.88 mil millones de pesos en protección ambiental, lo que representa apenas el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Esta cifra contrasta con el 4.1% del PIB que se estima en costos totales por agotamiento y degradación ambiental, según el mismo informe.
El análisis del gasto ambiental revela una distribución centrada en la gestión de recursos: el 32.2% se destina a la protección del aire, ambiente y clima, seguido por la gestión de recursos hídricos (20.8%) y aguas residuales (11.0%).
La investigación y desarrollo ambiental, así como la conservación de la biodiversidad, reciben una porción significativamente menor, evidenciando un enfoque más reactivo que preventivo.
El gasto ambiental palidece
En comparación con otras áreas, el gasto ambiental palidece. La seguridad y defensa, por ejemplo, reciben aproximadamente el 25-28% del presupuesto federal, mientras que los programas sociales absorben alrededor del 20-23%. La infraestructura, con una inversión de 1.0-1.2 billones de pesos, también supera con creces la asignación al medio ambiente.
Si bien el gobierno ha promovido iniciativas como la transición a energías renovables y la gestión de residuos, la falta de inversión proporcional dificulta la implementación efectiva de estas políticas.
El presupuesto limitado también impacta en la capacidad de instituciones como la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección Ambiental) para llevar a cabo labores de vigilancia y control.
Los datos del INEGI y la distribución del gasto público sugieren que, a pesar de las promesas y la alianza con el PVEM, el cuidado del medio ambiente sigue siendo una nota al pie en la agenda del gobierno mexicano, donde las palabras no siempre se traducen en acciones concretas respaldadas por recursos económicos.
ACOM
